Instituto Cinara
La Gobernación del departamento de Nariño y la Universidad del Valle suscribieron un convenio interadministrativo de cooperación técnica, académica e investigativa, en el marco del cual se inició el pasado mes de marzo la estructuración del plan de aseguramiento para los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, de las cabeceras municipales que conforman las subregiones de Sanquianga, Telembí y Pacífico Sur del mencionado departamento colombiano, ubicado en la cuenca del Pacífico y fronterizo con la República del Ecuador.
El proyecto es liderado por Economista PhD Mario Alejandro Pérez Rincón, profesor adscrito al Grupo de Investigación de Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad del Instituto Cinara de la Universidad del Valle. Con la participación de un grupo de trabajo interdisciplinario constituido por profesionales y asesores, con habilidades y destrezas en temas como: logística, gestión de servicios públicos, organización y participación comunitaria, gestión integral de recursos hídricos, comunicación y divulgación, higiene, saneamiento ambiental, economía ecológica, toma de decisiones, abastecimiento de agua bajo un enfoque de usos múltiples, manejo de servicios de agua y saneamiento en zonas costeras, demanda y oferta de servicios públicos, administración de proyectos, gestión social, marco legal para la prestación de servicios públicos y estudios económicos de disponibilidad a pagar (DAP) y capacidad de pago (CAP).
Durante los últimos 7 meses de trabajo se han desarrollado actividades de planeación y ejecución de diagnóstico en las 9 cabeceras que comprenden las tres subregiones mencionadas, caracterizadas por una gran riqueza natural y cultural, que demandan intervenciones creativas y estratégicas para la prestación sostenible de los servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y aseo.
La mayoría de los habitantes de esta parte del país viven en situación de vulnerabilidad por un deficiente acceso a servicios públicos, educación y oportunidades laborales. La infraestructura es obsoleta e ignorada por las comunidades, que no se acopla a ecosistemas que demandan y requieren de propuestas de sostenimiento, conservación y aprovechamiento acordes con una relación donde prime un equilibrio entre el medio físico y el medio humano.
El trabajo de campo ha hecho visible las debilidades institucionales en las cabeceras municipales, que se ven reflejadas en un desconocimiento por parte de sus administradores sobre los marcos ambientales, legales, sociales, institucionales, económicos, técnicos y administrativos, que contribuyen a una situación de bajas coberturas y poca satisfacción en las comunidades.
A pesar de los importantes esfuerzos institucionales realizados desde el nivel regional, las comunidades de las cabeceras municipales, sus dirigentes y representantes formales y no formales, deben ser complementados con un mayor acompañamiento a nivel local en cada una de las variables que componen la formulación del Plan de Aseguramiento.
En una segunda etapa del proyecto, el equipo de trabajo abordará el componente de selección de escenarios, el fortalecimiento social e institucional, así como los estudios económicos de DAP – CAP, en los que desde ya, se analizan alternativas regionales, municipales y locales en los componentes legal (cumplimiento de requisitos a nivel municipal y de los prestadores de servicio, institucional (situación política y financiera, estructura organizacional regional), técnica (agua, alcantarillado, aseo, higiene), social (organización y participación comunitaria, género, conflictos), económico (actividades productivas, capacidad de pago, pobreza), administrativo (situación operativa y financiera de las empresas prestadoras) y ambiental (fuentes de abastecimiento y de contaminación, hidrología, sitios de disposición).